En el conjunto de los acuerdos estructurados por la humanidad para una convivencia en dignidad, libertad, igualdad y justicia para alcanzar la paz y, sólo muy recientemente el desarrollo sostenible en el planeta, destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la definición de objetivos de orden mundial a lograr, como los contenidos en los ODS. Metas 2030 de la Organización de Naciones Unidas, los que además se definen como un plan operativo para la realización de los derechos humanos. 

La Declaración, a punto de celebrar 75 años en 2023 y los 17 ODS, con fecha de cumplimiento a 2030, fueron resultado de intensos consensos y consultas que los hacen incluyentes e integrales, reforzándose conceptual y mutuamente al plantearse compromisos diferenciados pero convergentes para el buen vivir, para la calidad de vida de las personas y el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

La promesa de los ODS “No dejar a nadie atrás” es de por si incluyente y a la vez un reconocimiento de la discriminación y la desigualdad existente en el mundo. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU hizo un llamado a la acción de todos para la defensa de los derechos humanos, instando a alcanzar igualdad de derechos, igualdad de posibilidades, igualdad de oportunidades, reponiendo la vigencia de la Declaración para combatir la misoginia, la desigualdad, el racismo y el odio, confirmando que bajo la situación actual se requieren soluciones urgentes, encabezadas por los Estados nacionales e incentivadas por integrantes individuales y colectivos de la sociedad.

Es innegable que los mecanismos de seguimiento al avance de los ODS han sido puestos a prueba por la pandemia COVID-19 –y otras emergentes–, sin embargo, los hallazgos de diversas instancias nacionales e internacionales coinciden en declarar que se retrocedió en el tiempo, en diversos ámbitos, hasta por 2 décadas. México, sobre el cumplimiento de los ODS y entre los países de OCDE, ocupa un penúltimo sitio, no obstante haber despertado expectativas al integrarlo en la normatividad del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 y porque cada entidad federativa cuenta con un sistema de seguimiento.

Al observar el avance registrado hasta 2021, los objetivos 4 (Educación de calidad) y 5 (Igualdad de género) se establecen como retos significativos para nuestro país, ubicándose en el promedio de cumplimiento entre los países de la OCDE y, en contradicción, manteniendo dos desafíos sistémicos: igualdad de género y derechos de personas migrantes. Por otra parte, respecto al Índice de Desarrollo Humano, hay señales de decrecimiento y riesgos de ampliación de la población en pobreza, como lo declara el CONEVAL; siendo los hogares con mayor vulnerabilidad los encabezados por mujeres, y en los cuales niñas, niños y adolescentes pueden ser afectados en su desarrollo y su seguridad.

Respecto al Objetivo 4 “Educación de calidad” (Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos), en sus metas se incluye: a) el acceso a la atención en la primera infancia y la educación preescolar; b) el egreso de la primaria y la secundaria con aprendizajes pertinentes y efectivos; c) el acceso igualitario de mujeres y hombres a todos los niveles y tipos educativos, incluyendo la universidad; d) el acceso  a la educación de las personas en situación de vulnerabilidad; e) la alfabetización casi universal; f) la existencia y disponibilidad de instalaciones accesibles y ambientes inclusivos; g) la disponibilidad de becas para jóvenes, incluso para la formación científica en países desarrollados; y h) una oferta creciente de docentes calificados.

En México –y el mundo–, con la pandemia y la insuficiencia de políticas públicas pertinentes, de acción afirmativa y de contención se agravaron las grandes disparidades en la permanencia y la certificación de los niveles educativos, especialmente entre las personas pobres y vulnerables, que ya vivían, antes de 2020, desigualdades estructurales. 

Por ende, es urgente poner en marcha medidas excepcionales que pongan al día al alumnado tras años adversos para el desarrollo social y educativo, donde hubo retrocesos en los indicadores de hasta 20 años en, por ejemplo, competencia lectora. Es, así mismo, necesario transparentar la información del estado de la cuestión, reconociendo brechas y retos. Ello podría alentar la responsabilidad compartida de todos los actores alrededor del cumplimiento y la plena realización de los ODS y los derechos humanos, Tanto a nivel regional, como local, y escolar.

Un plan educativo que pondere la universalidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la progresividad, abriría la posibilidad de eliminar la desigualdad de oportunidades asociadas a la educación, como la falta de acceso a las becas o módulos de aprendizaje para estudiantes por no contar con un equipo de cómputo y conectividad. En cuanto al financiamiento, se combatirían las disminuciones presupuestales y dificultades logísticas para el desarrollo de los procesos educativos en escuelas rurales e indígenas donde se suma la carencia de sistemas de protección social, acceso a TICs y la prevalencia de brechas de género.

Respecto al Objetivo 5, “Igualdad de género” que propone también el empoderamiento de las mujeres y niñas, se destaca que por vez primera los derechos de las mujeres están reflejados sólida e integralmente en una Agenda internacional como la 2030, dirigiéndose a cerrar las brechas de implementación de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) y a crear condiciones para un cambio cultural, además de combatir: a) leyes discriminatorias y vacíos jurídicos que privan a las mujeres de sus derechos humanos; b) el matrimonio y la violencia infantil; c) la violencia física y sexual; d) la desigualdad salarial entre mujeres y hombres; y e) leyes que impiden la propiedad de tierras y bienes a las mujeres, entre otros.

Actuando bajo esta lógica, las instituciones nacionales para el avance de las mujeres y los organismos de derechos humanos orientarían su intervención proponiendo reformas, sistemas, leyes y políticas para avanzar en la igualdad entre los géneros. La igualdad sustantiva es un requisito, un compromiso y un resultado pendiente de concretarse en México y el mundo, por lo que es deseable replantear políticas efectivas a la luz de las observaciones de expertos internacionales en los informes periódicos a que obligan los tratados internacionales –PIDESC, CEDAW–, mismos que recomiendan dar prioridad a poblaciones con grave vulneración de derechos, como mujeres, niñas e indígenas. 

Países como Alemania, Dinamarca y Ecuador incorporaron plataformas e indicadores tanto para asegurar que el desarrollo sostenible sea bajo el enfoque de derechos humanos, como para vincular el avance de la realización de los derechos humanos y las Metas 2030. Por su parte México en colaboración con PNUD desarrolló Infografías en una Plataforma de Análisis para el Desarrollo con temas clave en la Agenda 2030. 

En suma, se cuenta con datos relevantes y reveladores –si bien en constante actualización– para la toma de decisiones que impulse la consolidación de un Estado de bienestar y de derecho; un Estado que incorpore la activa participación de la ciudadanía y ponga condiciones, estructuras y oportunidades para que las familias tengan posibilidades de hacer crecer sus activos, como la educación a lo largo de la vida y sus beneficios en los cambios y avances generacionales. 

Por Rosalinda Morales Garza. Integrante de MUXED. Especialista en gestión pública, educación en la diversidad, género y derechos humanos. Administradora, historiadora, socióloga y normalista que trabaja por la dignidad de las personas, estimando la educación como derecho llave. Es Directora General del Programa DESCA en la CNDH.