La intensificación de los impactos adversos del cambio climático, los efectos socioeconómicos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los desafíos que a nivel mundial plantean la seguridad alimentaria y energética llevan al estancamiento del avance logrado en décadas de lucha contra la pobreza, el hambre y la desigualdad de ingresos y de género en América Latina y el Caribe y en el mundo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la economía de la región crecerá un 2,7% este año, mientras que 16 países aún no han recuperado sus niveles de PIB anteriores a la pandemia. La región enfrenta el creciente desafío estructural de la baja inversión, que en 2021 se situó en el 19,7% del PIB, por debajo de los niveles observados en gran parte de los países desarrollados y emergentes.

Para lograr las amplias transformaciones necesarias para hacer frente a la crisis climática, se necesitan inversiones de billones de dólares y es esencial la movilización de un financiamiento inclusivo y suficiente que no agrave aún más la deuda de los países. Sin embargo, los países desarrollados ni siquiera han cumplido el compromiso asumido en 2009 de aportar 100.000 millones de dólares por año hasta 2020. Dado que muchos países en desarrollo se enfrentan a una carga creciente de la deuda y a un espacio fiscal reducido, las nuevas formas de cooperación, los instrumentos innovadores y los subsidios y el financiamiento en condiciones favorables deben tener prioridad sobre los instrumentos basados en la deuda. En el primer trimestre de 2022, en América Latina la deuda pública bruta de los gobiernos centrales se situaba en niveles de hace 20 años (52,1% del PIB), en el Caribe alcanzaba el 84,1% del PIB y en seis países de la subregión superaba el 90% del PIB. Debido a la vulnerabilidad ante el cambio climático, las empresas privadas de evaluación del riesgo empeoran su calificación y, por ende, el costo de la deuda pública en los países del Caribe.

Tenemos que transformar los compromisos en acciones y traducir las promesas mundiales de contribuciones en soluciones regionales y locales. Los paquetes fiscales contracíclicos de la región no han estado en línea con una recuperación ecológica ni con las contribuciones determinadas a nivel nacional. Sin embargo, América Latina y el Caribe está bien posicionada para beneficiarse de la transición climática. La dotación de recursos en la región es importante en cuanto a los insumos necesarios para la transición energética (litio, cobre, energía eólica y energía solar). Una energía limpia y asequible puede reducir las brechas sociales (16,7 millones de personas carecen de acceso a electricidad en la región) y ser un catalizador del crecimiento en los sectores productivos. Además, la volatilidad de los precios de la energía fósil tiene repercusiones indirectas en el aumento de los precios de los alimentos.

América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más urbanizada (80%) —por lo que es necesario invertir en electromovilidad e infraestructura para que el creciente sector del transporte sea sostenible—, y en ella existen oportunidades para aprovechar las capacidades de fabricación y los recursos naturales. Los enfoques integrales sobre la mitigación pueden promover el cambio productivo y la inclusión social si cuentan con el apoyo proveniente de las decisiones de política e inversión coherentes, a través de lo que la CEPAL ha denominado “el gran impulso para la sostenibilidad” y la implementación simultánea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La región emite una pequeña parte de las emisiones mundiales, pero es muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Sin embargo, los flujos de financiamiento para la adaptación equivalen a una pequeña fracción de los dedicados a los esfuerzos de mitigación. Para los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) del Caribe y los países vulnerables de Centroamérica —que se enfrentan a un acceso insuficiente a las medidas de alivio de la deuda y a las opciones de financiamiento en condiciones favorables— es urgente abordar la asimetría entre la escasa contribución a las emisiones mundiales y los efectos de la emergencia climática que ya se padecen. Las soluciones innovadoras, como los canjes de deuda por medidas de adaptación al clima, el uso de cláusulas sobre desastres naturales en la gestión de la deuda y el establecimiento de un Fondo de Resiliencia del Caribe, necesitan el apoyo internacional.

Como preparativo del 27º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), las comisiones regionales de las Naciones Unidas, junto con Egipto, país que ejercerá la Presidencia de la COP 27, y los campeones de alto nivel para la acción climática de la COP 26 y la COP 27, organizarán un ciclo de cinco foros regionales denominados  Hacia la COP 27: Foros Regionales sobre Iniciativas para Financiar la Acción Climática y los ODS. Los foros reúnen a las partes interesadas de los sectores público y privado para catalizar la inversión en la mitigación y la adaptación al clima en línea con los ODS. La innovación de los foros radica en que crean espacios para mostrar un catálogo de proyectos listos para ser financiados, debatir la creación de un entorno propicio y de los instrumentos financieros y los vehículos necesarios para movilizar el financiamiento climático de proyectos que correspondan a las distintas necesidades de las cinco regiones y, de esta forma, abordar el cambio climático de manera integral y reducir la brecha actual en los flujos financieros en consonancia con el Acuerdo de París.

Por Mahmoud Mohieldin, Campeón de Alto Nivel de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Interino de la CEPAL.

Fuente: CEPAL