Alrededor de 25 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo define como una forma de explotación en la que una persona es sometida contra su voluntad, bajo coerción, amenazas, engaños o abuso de poder, para realizar algún trabajo, y, además, no tiene la posibilidad de negarse ni escapar de la situación.

África y Asia y el Pacífico son las regiones más afectadas por el trabajo forzoso. No obstante, el fenómeno está presente en todas las regiones del mundo y América Latina y el Caribe no son la excepción. Si bien los datos son insuficientes, la OIT estima que alrededor de 1,2 millones de personas en la región están sometidas a alguna forma de trabajo forzoso. Una de las causas detrás del déficit de datos tiene que ver con la falta de claridad de las definiciones. Pero, además, no siempre es fácil identificar el trabajo forzoso. Y esto ocurre, en parte, porque, según Mónica Salazar, directora de la asociación civil Dignificando el Trabajo, “las condiciones laborales en las que nos desarrollamos se parecen cada vez más al trabajo forzoso”.

Sin definiciones claras, no hay solución posible
Una de las principales causas del trabajo forzoso, según indica Salazar, es la precarización del trabajo a nivel global: “cada vez tenemos trabajos más frágiles, con menores prestaciones y derechos laborales, en los que la exigencia de las jornadas es mayor. Y la demanda no iguala la oferta: el empleador sabe que habrá muchas personas que, por necesidad, acepten trabajar en condiciones de precariedad”. Por esto, existen dificultades a la hora de identificar el trabajo forzoso, en especial cuando se analizan los sectores formales, en los que hay casos en los que las personas acceden voluntariamente a un empleo, pero luego son forzadas a realizar actividades bajo la amenaza, en muchos casos velada, de perder el trabajo. La OIT estima que hay 16 millones de personas en trabajo forzoso en el sector privado.

En este contexto, la falta de regulaciones por parte del Estado contribuye a exacerbar la problemática. “Hay una permisividad por parte del Estado y lo vemos mucho en nuestra región, en donde cada vez somos más personas formadas para trabajar en condiciones precarias antes que para tener un trabajo digno”, explicó Salazar. A esta cuestión, se añade la falta de definiciones claras respecto de qué es trabajo forzado y qué no, de manera que también aparece la dificultad de abordarlo en sus dimensiones social, económica y judicial.

Actualmente, en muchas legislaciones del mundo, como sucede en México, el trabajo forzoso entra bajo el paraguas de la trata de personas. Esta falta de definiciones jurídicas precisas tiene consecuencias en la sociedad. “Hoy en día, la trata abarca todo y cuando quieres entender qué es trata y qué no, se vuelve muy complejo, por esto es importante entender y diferenciar ambos conceptos”, señaló Salazar. Y añadió: “La trata de personas emana de una convención de Naciones Unidas enfocada en abordar este y otros temas desde los enfoques de la delincuencia organizada y la trasnacionalidad. Estos son dos de los componentes que caracterizan la trata: tiene que haber un elemento de captación o reclutamiento, un traslado de un país a otro y una fase de sometimiento, ambas operadas por una red de delincuencia organizada transnacional con el propósito de obtener un beneficio de la explotación de las personas”.

El trabajo forzoso, entonces, no necesariamente implica la actuación de una red criminal transnacional. No obstante, ambos delitos pueden superponerse en muchos casos. Por ejemplo, en el caso de que una persona sea trasladada por la fuerza de un país a otro y forzada a trabajar en el lugar de destino, estamos ante un caso de trata de personas y trabajo forzoso. Pero si la persona se trasladó voluntariamente y luego es forzada a trabajar, ya no se puede hablar de trata, sino solo de trabajo forzoso, cuando no es cometido por grupos de delincuencia organizada. “Introducir personas en un país sin cumplir las normas migratorias es una transgresión de la soberanía del país. En cambio, trasladar a una persona de un país a otro mediante coerción o fraude es una forma de violentar a la persona”, explicó Mónica.

Justicia en un sentido amplio
Cuando se habla de trata de personas, muchas veces la discusión se restringe a la dimensión que tiene que ver con la prostitución y la pornografía. Pero, según la visión de las organizaciones que, como Dignificando el Trabajo, atienden esta problemática, analizar el trabajo forzoso desde esa óptica dominante invisibiliza otros sectores en los que está presente. Según Mónica, “La OIT establece que el trabajo forzoso puede darse en la economía informal y en la formal, pero como no tenemos claridad respecto de las definiciones ni tampoco buenos marcos legales, tampoco conocemos en profundidad los sectores más afectados”.

No obstante, hay avances en cuanto a la recopilación de información: “Al menos en México, encontramos que el trabajo doméstico es un sector con alta presencia de trabajo forzoso. También la industria de la construcción en gran escala, como de hoteles, estadios, espacios en donde trabajan cientos de personas. Menciono también la pesca, que es un sector que es ignorado porque culturalmente se acepta que la gente trabaje en malas condiciones”, indicó Salazar. El informe de la OIT también menciona la agroindustria y la industria manufacturera como sectores con alta incidencia de trabajo forzoso.

Esta falta de definiciones claras también conduce a la criminalización de personas en situación de pobreza o en contextos sociales vulnerables. “Pocas veces se observa el contexto de las personas que son víctimas de trabajo forzoso. Para hacer un abordaje del fenómeno en sus múltiples dimensiones, tenemos que mirar el origen de la persona, su entorno familiar, las situaciones que la llevaron a estar donde está. Es necesario iluminar sobre otros aspectos que vayan más allá de la búsqueda de culpables; ver qué rol juega la comunidad, qué responsabilidad tienen el sector privado y el Estado. Y eso impacta en la idea que tenemos de justicia, porque, aunque detengas a una persona, si no hay reparación del daño y transformación de la comunidad para evitar que el fenómeno siga ocurriendo, vas a llenar las cárceles de personas detenidas e imputadas sin que realmente haya ningún cambio”.

En este contexto, Dignificando el Trabajo, organización de la que Salazar también es fundadora, tiene tres líneas de trabajo principales. “La primera es devolverle al consumidor el poder de cuestionar y brindarle información sobre el origen de los productos y servicios que consume. La segunda es contribuir a diferenciar claramente trata de personas de trabajo forzoso y a entender cada fenómeno en todas sus dimensiones. La tercera es que haya impacto en las políticas públicas. Criminalizando a la población no hacemos ningún bien y por eso es necesario abordar el trabajo forzoso desde una perspectiva integral y no solo penal”.

Empresas y consumidores asumiendo responsabilidades
En la actualidad, las cadenas de suministro son altamente complejas e intrincadas y eso hace muy difícil la tarea de reconocer cuántas personas están en situación de trabajo forzoso en algún eslabón. No obstante, existen estrategias de medición y casos documentados que dan la certeza de que, en mayor o menor medida, muchos bienes y servicios que se consumen cotidianamente involucran, en algún lugar de su cadena productiva, alguna forma de trabajo forzoso o trata de personas.

La conducta empresarial es una tercera condición que se suma a la permisividad del Estado y los contextos socioeconómicos de vulnerabilidad como causante de la prevalencia del trabajo forzoso en las cadenas de suministro. Un informe de la OIT sobre trabajo forzoso, trata de personas y trabajo infantil en las cadenas de suministro señala que las conductas empresariales conllevan factores de riesgo que favorecen la utilización de trabajo forzoso, trata o trabajo infantil. Como primer factor, el estudio señala la falta de sensibilización de compromiso y de capacidad empresarial ante su responsabilidad de generar condiciones laborales dignas y respetar los derechos humanos, el grado de formalidad del sector y las presiones económicas y comerciales.

 Ilustración de Maarten Wolterink, de los Países Bajos, que obtuvo mención especial en el concurso de ilustración sobre trabajo forzoso
No obstante, no todo contexto de trabajo forzoso implica una violación flagrante de derechos humanos y por eso es necesario definir qué se entiende por trabajo forzoso. Por ejemplo, las horas extra involuntarias son una forma de trabajo forzoso que muchas veces ocurren sin que haya una amenaza directa. En otros casos, puede ocurrir que las empresas desconocen las prácticas de sus contratistas y proveedores y ni siquiera tienen la capacidad de reconocer el trabajo forzoso. En estos contextos, si tampoco hay inspecciones por parte del Estado, no hay forma de regular los entornos laborales para garantizar el cumplimiento de derechos para trabajadores y trabajadoras.

Por esto, resulta fundamental trabajar con el sector privado y con los consumidores para sensibilizarlos sobre la problemática y brindarles capacidades para reconocer trabajo forzoso, trabajo infantil y trata. Por un lado, las empresas deben tener las herramientas para lidiar con estos fenómenos a su interior, y por otro, los consumidores deben tener la información necesaria y la sensibilidad para elegir productos libres de trabajo forzoso en todos los eslabones de las cadenas productivas.

Pero la medida principal tiene que ver con establecer los marcos regulatorios para asegurar el cumplimiento de derechos y la dignidad en todos los entornos de trabajo. El cumplimiento de la debida diligencia en las empresas hoy para las empresas es una acción voluntaria. “Para que el sector privado incorpore procesos de debida diligencia en derechos humanos es estratégico contar con mecanismos vinculantes, es decir, que sean de cumplimiento obligatorio. Además, al existir retos en que las normas sean aplicadas, la sociedad civil debe generar estrategias complementarias. En la industria de la indumentaria hay ejemplos, como el involucramiento de las y los consumidores para fomentar prácticas responsables en las empresas” dice Patricia Carmona, coordinadora de Iniciativa Arropa.

El rol de la sociedad civil en la erradicación de la explotación
La sociedad civil juega un rol determinante a la hora de propiciar transformaciones en las cadenas de suministro. Mónica Salazar enfatiza que “primero que nada, tenemos que cuestionar, porque es nuestro derecho. Tenemos el derecho de preguntar y el Estado y también el sector privado tienen la obligación de responder, para que podamos elegir un consumo responsable e informado”.

Por otra parte, Patricia Carmona subrayó que “la garantía y protección del derecho al trabajo digno y la eliminación del trabajo forzoso en las cadenas de suministro tienen que implicar a todos los sectores trabajando articuladamente: el sector privado asumiendo las responsabilidades extendidas en su cadena de valor, el gobierno haciendo cumplir las disposiciones existentes y armonizando su marco jurídico a la par de los estándares internacionales de derechos humanos, y la sociedad civil facilitando conversaciones de la mano de las y los trabajadores para subir los estándares mínimos y visibilizar las condiciones de explotación ahí donde existan”.

Salazar añadió que, por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil tienen la capacidad de generar análisis amplios del trabajo forzoso y la trata basados en información y datos. “Es importante ayudar a la gente a ver las diferentes aristas de estas problemáticas y a entender que este fenómeno no se restringe únicamente a la industria del sexo. Eso se traduce en generar datos para tener una dimensión real de la problemática y exigir a los gobiernos medidas concretas que tengan impacto en la sociedad”.

Todas las imágenes son cortesía de Dignificando el Trabajo, salvo indicación. Los artículos InnContext son publicaciones que permiten ampliar miradas, aportar diferentes puntos de vista y promover discusiones constructivas. Por esto, no necesariamente reflejan la posición institucional de la Fundación Avina sobre el tema.

Fuente: Fundación Avina