La Agenda 2030 de la ONU debe ser la hoja de ruta de los gobiernos actuales y próximos. Es necesario que se pase en Colombia de meros lineamientos a instrumentos con mecanismos de implementación, donde las metas comprometidas en cada uno de los indicadores sean política pública de corto, mediano y largo plazo.
    
Los dos últimos años han representado un choque inesperado para las sociedades modernas. Si bien los problemas estructurales se estaban profundizando desde hacía algunos años, los efectos del covid-19 aceleraron este proceso. El planeta, de acuerdo con un informe de 2021 de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), enfrenta tres crisis estructurales asociadas a un crecimiento más lento del comercio y de las economías mundiales, al aumento de las desigualdades en la mayoría de los países y a la amenaza que representan los patrones de producción y consumo a los ecosistemas que aseguran la sostenibilidad en el planeta.

Esta problemática cobra mayor relevancia en América Latina, que después de presentar una trayectoria en la reducción de la pobreza y, de alguna manera, un crecimiento sostenido de buena parte de la economía, no pudo conservarlos. En 2020, según la Cepal, los pobres extremos llegaron a 78 millones en la región, 8 millones más que en 2019, lo que implicó un aumento en 2,9 por ciento en el índice de Gini.

La desigualdad sigue siendo uno de los principales problemas de América Latina. El crecimiento de las economías no ha sido suficiente para reversarla. De hecho, cada día se reconoce más que no es un fenómeno que se autocorrige. La región presenta enormes brechas entre personas y territorios, lo que se hizo aún más evidente con la limitada capacidad para enfrentar los efectos económicos y sociales de la pandemia y con el descontento social, que se expresó con múltiples protestas.

Al fenómeno de la desigualdad se le unen dos adicionales: los efectos del cambio climático y la inseguridad alimentaria. El actual modelo de producción basado en el uso de combustibles fósiles ha llevado a que la concentración de dióxido de carbono (CO?) se incremente de manera sostenida: en 2020 llegó a 415 partes por millón, el nivel más alto en los últimos 800.000 años, lo que implica que, en el siglo XXI, la temperatura aumente 3 grados centígrados, un grado por encima de la meta prevista en el Acuerdo de París.

De acuerdo con el sexto Reporte del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 2022, los impactos generalizados en los ecosistemas, las comunidades, los asentamientos humanos, en los sistemas agroalimentarios y en la infraestructura son el resultado del incremento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos, como los periodos de lluvias y sequías extremas.

Este aumento se atribuye con alto nivel de confianza al cambio climático derivado de la acción humana, lo que, además, ha causado daños sustanciales e irreversibles en los ecosistemas. El deterioro en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, así como la capacidad natural de resiliencia y adaptación, tendrá impactos económicos y sociales significativos.

Por ejemplo, a pesar del aumento de la productividad agrícola mundial en los últimos 50 años, su crecimiento se ha detenido, lo que afectará la capacidad de alimentar a la población del planeta de manera saludable y asequible. Los precios de los alimentos vienen creciendo desde 2004, de acuerdo con el Índice de Precios de los Alimentos de la FAO: el incremento desde 2004 a 2022 ha sido de 142,8 por ciento, registrando en marzo de este año el alza mensual más alta desde 1961. Este escenario nos invita a pensar en el futuro que queremos. Requerimos avanzar en cambios significativos. Es necesario contar con las condiciones para gestar estas transformaciones.

Sin embargo, los países de América Latina todavía no cuentan con las condiciones institucionales, económicas y sociales para enfrentar estos fenómenos, de manera que logremos una mayor capacidad de adaptación en nuestros ecosistemas y sistemas agroalimentarios, y condiciones para una recuperación más efectiva y rápida. En este contexto, la Agenda 2030 debe ser la hoja de ruta de los gobiernos actuales y próximos. No debería ser posible que, en el planteamiento programático de los nuevos gobiernos, así como en la implementación de las medidas de los actuales, las acciones en favor de esta agenda no sean claras, explícitas y contundentes.

Para ello, debemos contar con instrumentos específicos de implementación, donde las metas comprometidas sean un propósito de política pública con resultados de corto, mediano y largo plazo. Asimismo, es urgente transitar a través de mecanismos de colaboración entre diversos actores de la sociedad, en donde el valor compartido se convierta en un fin. Para ello, necesitamos mayores y mejores capacidades para la cooperación, aprender a tomar riesgos conjuntamente, operar en condiciones de incertidumbre, así como utilizar los recursos públicos y los instrumentos financieros para objetivos transformacionales que nos permitan avanzar en un futuro más esperanzador en el que aprendamos a vivir dentro de nuestros límites planetarios.

Por: Ángela María Penagos - Directora del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, de la Universidad de los Andes.

Fuente: SEMANA