Me sorprende tanto una y otra vez que, con la crisis de la pandemia del COVID-19, el marco de la Agenda 2030 y el compromiso que tenemos de no dejar a nadie atrás, hablar, pensar y actuar de los retos al desarrollo y de la movilidad humana sigue siendo términos neutros. “Los migrantes, las migraciones” se usan indistintamente para explicar un fenómeno que es altamente diferenciado entre hombres y mujeres, niños y niñas.

Cada vez que trabajamos temas clave para el desarrollo humano empezamos asumiendo que las comunidades y los grupos sociales son “casi” homogéneos. Y, en consecuencia, estrategias y políticas públicas para enfrentar los retos del desarrollo frecuentemente se diseñan desde un patrón universal.  El problema es que, no solo no son homogéneos, sino que, en esa generalización usamos el modelo y la realidad masculina como la universal y determinante. La norma continúa siendo la masculina.

Teresa salió de Venezuela a finales de 2018 con su compañero Daniel, una hija de 12 años y un hijo de 8. Es educadora, pero la migración la aleja de su profesión. Para sobrevivir vende comida en un semáforo; levantarse, cocinar, preparar las viandas, vender en el cruce de avenidas, son las actividades que puede hacer mientras está con su hijo e hija. La superposición del trabajo remunerado y el trabajo de cuidados es una constante en las mujeres en general y más en las mujeres migrantes. Cuando Daniel, su compañero, no encuentra otro trabajo también la acompaña en el semáforo. Cuando él no va, Teresa sabe que se enfrentará a un acoso sexual sistemático. Un día, un hombre desde su carro, la tocó y le dijo que ella era pobre porque quería, porque las curvitas de su hija le podían dar de comer. Cuando Daniel se enteró, tomó la decisión de que no volvería al semáforo y se quedaría en casa. En un segundo perdió su medio de vida (aunque fuera muy precario) y su presencia en el espacio público.

La vida de las mujeres como Teresa gira en torno al espacio doméstico, la precariedad laboral, y la familia. En 2018 el 62% de las mujeres migrantes venezolanas indican haber viajado con familiares, frente al 42% de los hombres[1], y 1 de cada 4 mujeres lo hacen con menores de 5 años (en contraste, solo 1 de cada 10 hombres viaja con niños)[2]. Para ellas, la familia es apoyo material y emocional y una protección frente a la violencia sexual en los espacios públicos. Pero también las familias se convierten en una carga que las alejas de sus trayectorias laborales. Sin las redes estatales y sociales trabajar y cuidar a la familia se vuelve casi en tarea imposible. La escasez de ingreso, las viviendas precarias y multifamiliares, la carencia de agua, luz y electrodomésticos, la presencia de niños y niñas, que en muchos casos no están escolarizados por su situación de migración y actualmente por el impacto de la pandemia del COVID-19, son la rutina diaria de muchas mujeres migrantes. Además, muchas de ellas viven la violencia intrafamiliar y situaciones de discriminación y abuso que se han incrementado con la pandemia.

COVID-19 ha creado una crisis sin precedentes que ha revelado y exacerbado grietas existentes en nuestras sociedades como son las grandes desigualdades estructurales, muy especialmente las desigualdades de género. Según el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2020, las amenazas naturales como las olas de calor, las inundaciones graves, las tormentas, los deslizamientos de tierra y las sequías generan riesgos que afectan a la migración, la urbanización, la desigualdad y la degradación de los ecosistemas. A pesar de que la migración es una estrategia de adaptación, las pautas sociales de discriminación y exclusión suelen persistir incluso después de que las personas se trasladan (Singh 2012).[3]

Las mujeres migrantes, especialmente aquellas que se involucran en el cuidado doméstico, están enfrentando mayor posibilidad de exposición cuando mantienen su actividad económica, y cuando no pueden hacerlo, como consecuencia de restricciones de viaje y de movilidad, experimentan duras consecuencias socioeconómicas derivadas de las pérdidas de ingreso[4]. COVID-19 es una oportunidad para revertir las desigualdades estructurales y hacer realidad el principio de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás en la consecución del desarrollo sostenible. En este sentido, es importante reaccionar y abandonar esa mirada sesgada sobre la migración que invisibiliza a las mujeres.

Después de muchos años de aprendizajes, datos y estudios que explican las desigualdades de género y desigualdades intra-hogares (en cualquiera de sus múltiples formas), las políticas migratorias y la ayuda humanitaria conciben a la familia biparental como un concepto único y universal, y a las mujeres -por ser buenas administradoras y garantizar el buen uso de los recursos- como únicas responsables e implementadoras de programas. Aunque éstas sean medidas prácticas y efectivas en los contextos de desarrollo y humanitarios, ya es hora de que entendamos lo que implica para las mujeres un modelo utilitarista y los impactos que éstos tienen en su tiempo, en la carga de trabajo, en sus deseos y expectativas de vida.

Aunque no tenemos aún suficientes datos estadísticos para conocer con precisión la situación de las mujeres en la migración en general, si tenemos suficiente información para hacer cambios en las respuestas y poner a las mujeres con sus decisiones y propuestas en el centro y al frente de los programas de desarrollo, apoyo humanitario y de recuperación.[5]

Por ejemplo, en el caso de las mujeres migrantes venezolanas en Perú, sabemos que ellas tienen en promedio niveles más altos de educación formal que los hombres migrantes (educación superior técnica o universitaria incompleta o completa 62,6% y 53,6% respectivamente)[6]. Aun así, triplican el desempleo comparado con ellos; tardan más en encontrar trabajo y reciben por su trabajo en promedio el equivalente al 86,7% de lo que los hombres migrantes perciben. La mitad de ellas trabaja en restaurantes y limpiando casas, actividades que solo el 19,6% de los hombres migrantes hacen[7].

La descualificación, como parte de la pérdida de capital humano, en los procesos migratorios es un problema bien conocido que afecta a mujeres y hombres. La vuelta al espacio doméstico no. Desde el Sistema de Naciones Unidas (SNU) tenemos la obligación de revisar nuestra actuación para no acrecentar este problema, y de relacionarnos con las mujeres migrantes como sujetas y protagonistas. De lo contrario las estaremos dejando atrás.

Entender y transformar las desigualdades de género en todo el ciclo de vida de las personas, considerando su estatus migratorio y condición étnica-racial, es un principio central del desarrollo sostenible y los derechos humanos y es al mismo tiempo un imperativo ético que debe guiar nuestra generación de datos, políticas públicas, instrumentos globales, respuestas sectoriales y alianzas estratégicas. Desde PNUD hemos decidido apostar por este camino y estamos orgullosos/as de haber presentado recientemente la Estrategia Regional sobre la Movilidad Humana y el desarrollo Sostenible, que busca transformar esta manera de ver, pensar y hacer sobre el reto de la movilidad forzada en los contextos de desarrollo.