La pandemia mundial de COVID-19 proporciona un claro recordatorio de que el abuso del poder para beneficio privado puede costar a los ciudadanos su libertad, su salud, su vida, y su futuro. En este Día Internacional Contra la Corrupción, es especialmente importante, por lo tanto, escuchar el llamado del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a “trabajar en soluciones innovadoras para ganar la batalla contra la corrupción y asegurar que recursos valiosos sirvan a los pueblos del mundo”.

La corrupción socava cualquier perspectiva de desarrollo sostenible y es un desvío hacia la Agenda 2030. Contribuye significativamente a la pobreza, funcionando efectivamente como un impuesto regresivo que afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables y marginados. Erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y destruye la cohesión social, especialmente en contextos frágiles. Y, más importante aún, desvía recursos que podrían canalizarse hacia bienes públicos muy necesarios. 

No es sorprendente, por lo tanto, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hagan referencia específica a la anticorrupción, no sólo como parte del ODS 16 y sus metas en la reducción de esta, el fortalecimiento de las instituciones, y el acceso a la información, sino también como una condición vital para el logro de todos los otros objetivos.

La crisis por la COVID-19 ha aumentado la necesidad de erradicar a la corrupción. Por un lado, las circunstancias sin precedentes provocadas por el virus, combinadas con preexistentes debilidades de gobernabilidad han aumentado el riesgo de actos de corrupción. Por otro lado, estos actos de corrupción son más devastadores que nunca, ya que privan a las personas de servicios sociales y de salud vitales.  Le roba a la humanidad un futuro sostenible.

Sin embargo, nuestra creciente intolerancia hacia la corrupción es un motor de cambios y reformas integrales. No es casualidad que, en los últimos 25 años, con la creación de Transparencia Internacional y la transparencia ofrece las tecnologías de la información, es más fácil para exponer la corrupción. La norma para esconder la corrupción a gran escala bajo la alfombra se está desmoronando en todo el mundo.  Los recientes escándalos de los sobornos de Siemens, la extorsión de la FIFA, los Panamá Papers, Odebrecht, y los escuadrones de la muerte de Fujimori en Perú revelan que las bases institucionales para la transparencia, la rendición de cuentas, y el comportamiento ético son vacunas eficaces para erradicar esta plaga mundial.

Los costos de la corrupción son de proporciones épicas. En septiembre de 2018, en la primera reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre corrupción, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, citó el costo global de la corrupción en al menos US$ 2,6 billones, o el 5% del PIB mundial.  Según cifras de la Comisión Económica para América Latina, esto es más del doble de lo que se requiere para brindar un ingreso básico de emergencia a todas las personas en América Latina y el Caribe que viven en pobreza hoy en día (equivalente a 215 millones de personas o el 34,7% de la población de la región). Y deja suficientes reservas anuales para acelerar el progreso hacia la Agenda 2030. El Banco Mundial calcula que se paga 1 billón de dólares en sobornos cada año, mientras que el PNUD estima que los fondos perdidos por corrupción son aproximadamente 10 veces la cantidad de asistencia oficial para el desarrollo. [1]

Una investigación realizada por el PNUD para América Latina y el Caribe con datos -del 2018- de Latinobarómetro de 18 países muestra que la corrupción es una preocupación primordial para los ciudadanos de la región. Cuando se les pregunta sobre los principales problemas que afectan a sus países, las personas identifican sistemáticamente la corrupción como uno de los principales problemas y el análisis muestra que el efecto combinado de la corrupción percibida y el desempeño económico percibido representan cerca del 80 por ciento de la variación regional entre países en satisfacción con política.[2]

Otra investigación del PNUD basada en datos recopilados como parte de la Encuesta Ómnibus CID-Gallup de septiembre de 2020 en 10 países de América Latina (y cuyos resultados se publicarán próximamente) muestra que los ciudadanos de la región ven la reducción de la corrupción también como una máxima prioridad en el futuro. Cuando se les pide que identifiquen qué se necesita para una recuperación post-COVID efectiva, en prácticamente todos los países señalan que “menos corrupción” y es el cambio requerido más urgente en una lista que incluye, entre otras cosas, mejores servicios y protección social, menos desigualdad, una clase política más responsable, y más solidaridad entre los pueblos.

La lucha contra la corrupción en América Latina y el Caribe no es sólo un imperativo de desarrollo sino también una necesidad política

Basándose en su mandato de integración, el PNUD apoya los esfuerzos contra la corrupción a través de un enfoque global que incluya el fortalecimiento de las instituciones y los sistemas de lucha contra la corrupción, que apoyan la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas Contra La Corrupción, el fortalecimiento de la transparencia, rendición de cuentas y el estado de la ley, y la promoción de la acción colectiva.

La lucha contra la corrupción requiere de un enfoque de alianzas con la plena participación de las autoridades estatales, el sector privado, la sociedad civil, medios de comunicación, y ciudadanos. El PNUD en América Latina y el Caribe está plenamente comprometido con la participación de todos estos actores para promover una mayor integridad en la vida pública.  Hoy, en el Día Internacional Contra la Corrupción, es el momento adecuado para renovar estas alianzas y continuar la lucha.

[1] https://www.un.org/es/observances/anti-corruption-day