Los trabajadores migrantes latinoamericanos son uno de los principales sostenes de la actividad productiva en Estados Unidos. Las y los trabajadores esenciales, como se les ha denominado en el contexto de la pandemia, son quienes están en la primera línea de defensa contra el COVID-19: no solo cumplen una labor indispensable para la producción y provisión de bienes y servicios básicos, sino que enfrentan un alto nivel de exposición al contagio debido a que realizan trabajos que no pueden hacerse de forma remota. Por esto, su protección y cuidado debe ser una prioridad dentro de las políticas públicas para enfrentar la crisis sanitaria. Pero, muy por el contrario, han sido excluidos de las políticas de salvaguarda y empujados a un contexto de máxima vulnerabilidad. Sin acceso a un seguro social, una vivienda digna ni servicios básicos, estos trabajadores y trabajadoras mueren en sus lugares de trabajo mientras que en la agenda pública se perpetúan las narrativas de odio que ocultan la realidad detrás del trabajo esencial que permite el aislamiento de los sectores socioeconómicos medios y altos de la población estadounidense en tiempos de pandemia.

Trabajadores esenciales de hoy y de siempre
Si bien el concepto de trabajadores esenciales se extendió en el 2020, las y los trabajadores migrantes siempre han sido esenciales para el desarrollo económico de las comunidades de acogida. Según un estudio publicado por el Center for Migration Studies, el 69% de las y los trabajadores migrantes regulares en Estados Unidos y el 74% de los trabajadores indocumentados se desempeñan en los sectores esenciales. Ambas cifras superan la proporción de personas nativas que realizan este tipo de trabajos, que es del 65%. Esto representa una fuerza laboral de más de veinte millones de personas que trabajan en la agricultura, en la siembra y la cosecha de hortalizas; o bien en la salud, en el cuidado de personas enfermas, de personas mayores y con necesidades especiales; o también en la construcción, infraestructura o en seguridad. Día a día, las personas migrantes, en las ciudades y en las zonas rurales, trabajan en la producción de los bienes y servicios que necesita la sociedad para subsistir.

 Trabajadora migrante en contexto de COVID-19. Foto: La Colmena
“Cuando comenzó esta pandemia, nos dimos cuenta de que estábamos solos. Y no únicamente teníamos que tomar nuestras propias decisiones para protegernos a nosotros mismos, sino que además teníamos que llenar una necesidad que el gobierno no estaba llenando”, dice Pablo Alvarado, Director Ejecutivo de NDLON (National Day Laborer Organizing Network), una organización que trabaja en defensa de los derechos de jornaleros y jornaleras migrantes. Desde NDLON se coordinan centros de trabajo que asisten a las personas en la defensa de sus derechos laborales; no obstante, este año comenzaron a asumir funciones muy diferentes, como, por ejemplo, la distribución de alimentos. Esto ocurrió porque, en el contexto de la pandemia, una gran masa de trabajadores migrantes quedó sin empleo y sin protección de las instituciones públicas: “nuestras organizaciones no solo están haciendo el trabajo que debe hacer el Estado, sino que estamos defendiéndonos del Estado”, señala Alvarado.

Este abandono es deliberado. El estudio del Center for Migration Studies señala que, si bien la administración Federal ha catalogado como esenciales muchos trabajos que en gran medida desempeñan personas migrantes, no ha asegurado el cumplimiento de las medidas de salvaguarda para estos trabajos establecidas por el Center for Disease Control. Tampoco han garantizado derechos y prestaciones elementales, como una remuneración extraordinaria por el riesgo, la provisión de un seguro médico y de elementos de seguridad, la asistencia para el cuidado de menores de edad, el acceso a una vivienda digna o incluso el otorgamiento de permisos de trabajo entre otras. Por el contrario, se han precarizado los espacios de trabajo esenciales, que requieren el cumplimiento de protocolos de seguridad contra el COVID-19 que no están siendo implementados con rigurosidad. Y, además, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ha continuado ejecutando las redadas y las órdenes de deportación de las personas migrantes en condición irregular.

La administración de la muerte en tiempos de pandemia
La población de trabajadoras y trabajadores migrantes en Estados Unidos ha enfrentado grandes obstáculos, tanto sanitarios como económicos, en el año del COVID-19. La mayoría de estos trabajadores, que se desempeñan en actividades esenciales que no se pueden realizar de forma remota, son los más expuestos al contagio. La falta de medidas y elementos de seguridad en los lugares de trabajo de estos trabajadores y trabajadoras, sumada al hecho de que 4.7 millones no tienen seguro médico, los pone en una situación especialmente vulnerable. “Desde nuestro punto de vista, el capital está íntimamente aliado al gobierno y han decidido que un segmento de trabajadores y trabajadoras en los Estados Unidos, la gente de color, latinos, latinas, afroamericanos, somos quienes vamos a desempeñar esos trabajos esenciales. Y que está bien que muchos de nosotros perezcamos en el proceso. Esa es la definición de racismo más cruel que puede existir”, dice Alvarado.

Según Ariadna Estévez, investigadora del Centro de Estudios sobre América del Norte la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “La máquina del necrocapitalismo crea espacios de desechabilidad, en donde tira a ciertas personas que no son funcionales al sistema, no solamente por un asunto de clase sino de etnia. Siempre son aquellas personas que están en la parte más baja de la estratificación socioeconómica, o sea los pobres, pero los pobres siempre llevan color.” No es casualidad que sean los trabajadores migrantes quienes realicen estos trabajos: la maquinaria de la que habla Estévez sostiene a las clases medias y altas a través del trabajo de las personas que considera desechables y que, si mueren en el proceso, serán reemplazadas por otras. “A través de la ilegalización y de ciertos usos maniqueos del derecho migratorio, están haciendo un gran ejército laboral de reserva en el que se aplican políticas de muerte, para ir renovándolo constantemente”, dice Estévez.

Además de los riesgos a la salud a los que está expuesta la población migrante trabajadora, se suma el riesgo económico. El gobierno federal de los Estados Unidos implementó la ley Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES act), por la cual se entregaron paquetes de ayuda económica para trabajadoras y trabajadores, para pequeñas empresas y para la preservación de puestos de trabajo. No obstante, esta ley dejó por fuera a 6,2 millones de trabajadores migrantes, que no eran elegibles como beneficiarios de esta ley y, por lo tanto, quedaron desamparados. Hay una doble narrativa que llama esenciales estos trabajos, pero, por el otro lado, marginaliza y excluye a un gran volumen de hombres y mujeres que realizan estos trabajos. Es así como los lugares de trabajo esenciales se convierten en lo que Estévez, en su artículo El dispositivo necropolítico de producción y administración de la migración forzada en la frontera Estados Unidos-México, llama bolsones de desechabilidad: “áreas de injusticia espacial en las que poblaciones vulnerables, especialmente las de migrantes, son forzadas a vivir en condiciones inhumanas y mercados laborales ilegales con una aprobación tácita del gobierno que debería, en teoría, y bajo la legislación de derechos humanos, ser protector”.

El aporte no reconocido de las personas migrantes
Pero no solo la realidad detrás de las condiciones de trabajo de las personas migrantes está lejos de ser reconocida por la sociedad en su conjunto. También lo están sus aportes en las sociedades de acogida. Estas contribuciones, que también se dan en lo artístico y lo cultural, están extensamente documentadas: las personas migrantes llenan los vacíos en la economía estadounidense, mejoran la eficiencia en el trabajo y contribuyen al soporte de la población en edad jubilatoria, entre muchos otros aportes tangibles e intangibles. Pero, además, al consolidar su residencia en el territorio, realizan aportes significativos a las economías locales y las comunidades en donde viven. Un estudio realizado por el Centro de Trabajo Comunitario La Colmena junto con Worker Institute de la universidad de Cornell documenta y valora los aportes de las comunidades migrantes en Staten Island, un condado conservador en el que predominan las narrativas contrarias a la migración, pero que a la vez es profundamente dependiente del trabajo de las personas migrantes. Y, además, se encuentra en el Estado de New York, uno de los más golpeados por el COVID-19.

Uno de los principales hallazgos del estudio es que la población migrante destina el 91% de sus ingresos a vivienda y bienes y servicios de consumo de primera necesidad. Pero, además de la contribuciones económicas, la población migrante aporta al desarrollo cultural local. Según Gonzalo Mercado, Director de Iniciativas Transnacionales de NDLON y miembro de la Junta Directiva de La Colmena, “a veces tendemos a encasillar al migrante en su contribución económica, pero cuando se asienta en una comunidad o en un vecindario, sus contribuciones van mucho más allá. Hemos visto que aquí, en Staten Island, los migrantes contribuyen con su música, su cultura, su cocina. Y eso lo hemos impulsado; hemos conectando a comunidades migrantes con organizaciones culturales y de bellas artes, para que miren a esta comunidad y le reconozcan sus contribuciones personales. Y así hemos organizado eventos, como el Carnaval Mixteco. En el caso de que los migrantes pertenezcan a comunidades indígenas, los conectamos con universidades, para que hablen de sus lenguas y sus culturas y así generar puntos de reconocimiento”.

Los migrantes gastan más del 90% de su ingreso dentro de la comunidad, en alquiler, transporte y comida, al contrario de la ciudadanía, que suele comprar en grandes corporaciones que no tienen impacto en las economías locales. Los migrantes compran en los almacenes, las verdulerías de la esquina, los delis. El estudio de La Colmena vino a corroborar esto que ya sabíamos desde hacía mucho tiempo - Gonzalo Mercado (Director de Iniciativas Transnacionales de NDLON y miembro de la Junta Directiva de La Colmena)

No obstante, en Staten Island se verifica la tendencia nacional: el 98% de la población migrante trabajadora no cumplía con los requisitos para ser beneficiaria de ninguna política pública destinada a aliviar los estragos económicos causados por las medidas contra el COVID.19. En este distrito, casi la cuarta parte de la población es migrante y una de cada tres personas migrantes se desempeñan en trabajos esenciales que no pueden ser realizados de forma remota. Pero, al mismo tiempo, estas personas son las más desprotegidas. Por esto, los Centros de Trabajo como La Colmena juegan un rol fundamental: ofrecen asistencia legal, capacitación en derechos laborales, defensa contra la explotación laboral y ayuda para la inserción en el mercado de trabajo. Son espacios para que las personas trabajadoras migrantes se organicen para luchar en favor de sus derechos y transformar las condiciones de precarización bajo las que se encuentran.

Tras casi un año de implementación de las medidas de aislamiento frente al COVID-19 que han golpeado la economía a nivel global, la situación de las personas migrantes en Estados Unidos sigue siendo crítica. Su rol en el abastecimiento de bienes y servicios fue vital para hacer posible el aislamiento de un sector de la población y para permitir el funcionamiento sin interrupciones de hospitales y centros de salud, la red de transporte, la distribución de alimentos. Pero ha sido a expensas de la vida de millones de trabajadoras y trabajadores que, día a día, sufren la explotación, la discriminación y la marginalización de un sistema que determina que serán ellas y ellos los que asuman los riesgos y los costos de la crisis global.

Este sistema se sostiene sobre una narrativa que oculta los aportes económicos, culturales y humanos de las personas migrantes en las comunidades de acogida. Personas que, además, a través de las remesas sostienen a millones de familias en sus países de origen. En este sentido, se hace indispensable impulsar nuevas narrativas que valoren la importancia de estas contribuciones y que den lugar a un nuevo paradigma, que tenga en su centro el cuidado de las personas, antes que el control de las fronteras. Y, de esta manera, reconocer con hechos y derechos a aquellas personas que son esenciales para la comunidad. Porque lo que enriquece a una sociedad no es la exclusión de las personas debido a su lugar de origen, sino su integración a la comunidad que eligió para vivir el presente. Por esto, como dice Pablo Alvarado, “si los güeros se van a beneficiar del trabajo y los frutos de la comunidad migrante, deben por lo menos aceptar nuestra humanidad”.

Autora: Yanina Paula Nemirovsky (Fundación Avina).

Todas las fotos son gentileza del Community Job Center La Colmena.